La privación de libertad, forma de represión del delito coincidente con las ansias de libertad ilustradas -concepto éste que está en el origen del reconocimiento de los derechos humanos y ciudadanos- recae en manos del Estado -o 'policía', como diría Ernest Renan al equiparar ambos- con el fin de ejecutarla cual castigo máximo. Es decir, se trata de un castigo que conculca el derecho supuestamente fundamental de la libertad, sólo que aplicable a quien no cumple la ley, esto es, a quien se exilia de la ciudadanía, ahora legalmente constituida; a esa diáspora de renunciantes a su condición de ciudadanos y hasta, si cabe, a su condición de humanos. Ésta es la mayoría que reclama fundamentalmente una libertad material que no encuentra satisfecha por la libertad formal impuesta por una minoría que se perpetúa, de modos distintos, en el poder y que equipara liberalismo político con liberalismo económico. Las máscaras que ocultan esta equivalencia, sean las del republicanismo, el liberalismo progresista o ya sea la de la democracia radical, no consiguen disimular el hecho de que lo económico tutela lo político, de que la libertad política queda supeditada a la libertad económica o libertad de mercado. Esto es, manejan una noción adulterada de libertad.
José María Cabo, La sociedad encarcelada. Sobre penas y penalidades: aspectos de filosofía moral y política, Iralka, 2000
